Los derechos de los pueblos indígenas respecto de la propiedad y la administración de sus recursos naturales

Por Francisco José Quintana

“El Convenio 169 de la OIT, incorporado a nuestro ordenamiento con jerarquía supralegal, otorga a los pueblos indígenas fuertes derechos respecto de los recursos naturales que les pertenecen y, además, respecto de aquellos sobre los cuales tengan “intereses”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha descripto como de importante relevancia para interpretar cómo debe aplicarse la Convención Americana de Derechos Humanos en nuestro ordenamiento(54), incorporada a nuestro ordenamiento con jerarquía constitucional, ha sostenido que los principios consagrados en el Convenio 169 también se encuentran protegidos por otros instrumentos internacionales. Los tribunales superiores de diversos países de Latinoamérica han exigido el cumplimiento de los derechos que el Convenio otorga a los pueblos indígenas respecto de los recursos naturales. En nuestro país, la cuestión no está tan desarrollada como en otros (Bolivia y Costa Rica, por ejemplo). Sin embargo, la Corte se ha hecho eco del Convenio en cuestiones relativas a la propiedad de las tierras. Además, el hecho de que la Corte Interamericana y diversos tribunales superiores extranjeros latinoamericanos se hayan puesto firmes en la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas respecto de sus recursos naturales, incorporados por instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país, no puede implicar otra cosa que un empujón para las autoridades y tribunales nacionales.”

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